Una investigación reportada por El Diario de España revela que más de la mitad de los directivos y empresarios sancionados personalmente por faltar a las leyes de competencia del país no han recibido gran castigo, pues continúan vinculados a sus empresas en puestos de alta responsabilidad.
Las sanciones personales están contempladas en la ley de Competencia desde 2007. Las primeras ocurrieron hasta mayo de 2016. Desde entonces, la CNMC las ha impuesto multas a 19 directivos sancionados, con un total de alrededor de 160,000 euros.
La mayor multa hasta ahora (€36,000 euros) corresponde a José Luis Illana García, directivo de Prosegur, empresa que fue sancionada junto a su rival Loomis en noviembre de 2016 con €46,4 millones (US$51 millones aproximadamente) por repartirse el mercado de gestión de dinero en efectivo de bancos y diversas entidades públicas. Las sanciones personales también se han aplicado en otras investigaciones desde 2016, incluyendo a cárteles en materia ferroviaria y pañales para adultos.
La mayoría de esas sanciones no son firmes porque el recurso es casi la norma en estos casos. La decisión definitiva del Tribunal Supremo suele tardar una media de ocho años.
Fuente: El Diario
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