El Tribunal Europeo de Justicia ha multado al Gobierno de España por tres millones de euros (US$3.4 millones) debido a retrasos en la liberalización de las regulaciones de estiba de la nación. La multa asciende a €110,000 (US$125,000) por cada mes de incumplimiento — mucho menos que la pena propuesta inicialmente por el tribunal, que habría llegado a más de ocho veces esa cantidad.
En diciembre de 2014 el tribunal ordenó a España que eliminara las restricciones legales pro-sindicales sobre el empleo portuario o que se enfrentara a multas de €27,000 (US$30,000) diarios. La medida fue controvertida, enfrentando la dura oposición de los sindicatos y partidos políticos aliados. Por ello, el Ministerio de Obras Públicas no consiguió promulgar y ratificar un decreto de reforma sino hasta mayo de 2017. Si el gobierno hubiera esperado más tiempo, habría enfrentado un aumento significativo en las multas por lo que el tribunal considera como un incumplimiento “serio” de su resolución.
El ministro de Desarrollo, Iñigo de la Serna, quien encabezó el decreto de reforma para el gobierno español, dijo el miércoles que cualquier monto de multa era “única y exclusivamente responsabilidad de quienes no habrían apoyado la validación del decreto real”.
Después de que el decreto de ley entró en vigor, los sindicatos españoles de trabajadores portuarios llamaron a huelgas para obligar a los operadores portuarios a garantizar el empleo de sus miembros. Los puertos más grandes eventualmente cedieron a la presión y, el 29 de junio, la asociación de empleadores portuarios, Anesco, accedió a sus demandas con un acuerdo “no oficial” para evitar despidos. A cambio, los sindicatos acordaron un recorte salarial de hasta el 10%.
Fuente: Latin America Herald Tribune
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